I. EJE TEMÁTICO: SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos, domiciliarios y no domiciliarios, contribuyen de forma determinante a la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes del conglomerado social. Esta afirmación no es en absoluto novedosa, por el contrario, iniciativas como el Referendo por el agua, y reivindicaciones como aquella del carácter de derecho fundamental del acceso a los servicios públicos domiciliarios, confirman de forma contundente el impacto que tiene la prestación de estos servicios en la calidad de vida de los habitantes.
Sin embargo, con frecuencia se descuida un aspecto fundamental de los servicios públicos, el cual está íntimamente ligado a la legitimidad del Estado. Si bien en principio el Estado se legitimó por su función de policía, como garante del respeto de la esfera personal de los asociados, en el último medio siglo la entidad estatal ha encontrado como fuente de legitimación principal la satisfacción de necesidades básicas. Aparece entonces el Estado como prestador de servicios públicos y ya no sólo como Estado gendarme.
Llegados a este punto, es necesario hacer énfasis en el cambio que introdujo la Constitución de 1991. A partir de la entrada en vigencia de la nueva Carta política, el Estado dejó de ser, por regla general, el prestador de los servicios públicos, y pasó a ser su garante. Esto no implica de ninguna manera que los servicios públicos hayan dejado de hacer parte fundante del Estado, por el contrario, el constituyente de 1991 fue enfático en afirmar que "los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado" (Art. 365), y en consecuencia, el responsable de la prestación eficiente de los mismos, que no es lo mismo que su prestador, sigue siendo necesaria e incondicionalmente el Estado.
Así las cosas, la definición del Estado pasa necesariamente por la consideración de su rol de garante de la prestación de servicios públicos, y cualquier análisis crítico del desempeño de los gobernantes, debería pasar justamente por la evaluación del nivel de eficiencia y cobertura en la prestación de los servicios públicos, lo que en últimas determina el nivel de bienestar de la comunidad.
Ahora bien, de acuerdo con la Constitución política, es al municipio, "como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado" (Art. 311), al que le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, y reglamentar su prestación en condiciones de eficiencia.
El municipio tiene entonces una responsabilidad mayor respecto de la prestación eficiente de los servicios públicos, y en particular de los domiciliarios, lo cual fue confirmado por el legislador en la ley 142 de 1994 (Art.5). El plan de desarrollo, como carta de navegación que es de los municipios, constituye la herramienta fundamental a través de la cual el municipio asume su responsabilidad de garante, y en algunos casos de prestador de los servicios públicos.
La educación, la salud, la seguridad, el deporte y la recreación, son sólo algunos de ellos. No se trata entonces, en ningún caso, de obras de beneficencia, al mejor estilo de aquellas que realizan las organizaciones religiosas y los grupos de voluntariado, sino de verdaderas obligaciones a cargo del Estado, cuyo cumplimiento eficiente debe garantizarse desde el nivel municipal.
II. PLAN DE DESARROLLO 2008-2011
Debe resaltarse el propósito expresado en el proyecto de Plan de Desarrollo 2008-2011 de acuerdo con el cual se busca "Ampliar la cobertura de servicios públicos para todos los ciudadanos, con una debida planificación y el establecimiento de las políticas públicas y del marco regulatorio para su prestación".
En este propósito pueden identificarse dos elementos, por un lado un objetivo, el de universalizar los servicios públicos, y por otro lado la estrategia para alcanzarlo, la cual consiste en formular políticas públicas y establecer un adecuado marco regulatorio.
En este contexto, se propone la creación de una SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, domiciliarios y no domiciliarios, cuyos objetivos principales serán:
- Universalizar los servicios públicos, logrando reducir el número de desconectados y aumentando progresivamente los niveles de cobertura.
- Garantizar la efectividad de los derechos de los usuarios y velar porque su participación en la gestión de las empresas prestadoras de servicios públicos sea a su vez efectiva
- Velar porque la prestación de los distintos servicios públicos esté en consonancia con el mandato constitucional que impone se garanticen las condiciones de igualdad de todos los prestadores, y de respeto de los derechos de los usuarios (regulación de la prestación de los servicios públicos en condiciones de competencia).
- Favorecer la implementación extensiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el municipio de Medellín.
La Secretaría perseguirá el cumplimiento de estos objetivos a través de las siguientes estrategias:
- Formulación de políticas públicas
- Realización de investigaciones y análisis tendientes a la formulación de diagnósticos sobre la situación de los servicios públicos y de programas estratégicos que propendan por la solución de los principales problemas.
- Vinculación de las entidades académicas, los gremios de la producción, las asociaciones profesionales y otras expresiones organizadas de la sociedad, a los diferentes proyectos de investigación y análisis.
- Implementación de un sistema de recepción y seguimiento de las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios interpongan contra los distintos operadores de los servicios públicos.
- Coordinación de las relaciones del municipio de Medellín con el nivel departamental y nacional, en lo que respecta a la prestación eficiente de los servicios públicos, la regulación, los controles y la canalización de recursos destinados a subsidiar el servicio.
- Asesorar al alcalde en la determinación de los criterios con base en los cuales deberán asignarse los recursos destinados a otorgar subsidios.
- Vigilar la actividad de los prestadores de servicios públicos e informar a las entidades competentes del orden nacional de cualquier irregularidad que detecten.
En materia de servicios públicos es fundamental adoptar esta perspectiva panificadora, sólo a través de la implementación de políticas públicas basadas en investigaciones de tipo socio-económico es posible solucionar, a largo plazo, los problemas que aquejan con mayor fuerza a la ciudadanía en materia de servicios públicos. No puede, como hasta ahora se ha hecho, atacar el problema mediante programas que responden sólo a la coyuntura, ocupándose de problemas puntuales, y que no tienen ninguna vocación de permanencia.
Adicionalmente, en virtud de la Constitución política (art. 365), los agentes privados pueden prestar servicios públicos. La administración municipal debe entonces darle cumplimiento a esta disposición garantizando que la prestación de los servicios públicos por agentes privados no desmejore ni afecte la situación de los prestadores públicos, y por consiguiente del patrimonio público, pero además, y esto es fundamental, la administración municipal debe velar porque la acción de estos prestadores esté acorde con la función social que es inherente a la prestación de servicios públicos.
La defensa de los derechos de los usuarios exige, adicionalmente, la implementación de la figura del "DEFENSOR DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS", si bien en la actualidad ya existe una figura de este tipo en la mayoría de casas de gobierno de los corregimientos, se trata de un representante de EEPPM, el cual recibe solicitudes, quejas y reclamos y resuelve preguntas relativas a la facturación.
La prestación de los servicios públicos en competencia exige que este defensor reciba peticiones, quejas y reclamos que los usuarios interpongan contra cualquier operador, ya sea público o privado, tratándose de cualquiera de los servicios públicos domiciliarios, lo cual implica que sea un representante de la administración municipal, y no de alguno de los operadores, el que se ocupe de atender las inquietudes de los usuarios.
Este defensor no sería otra cosa que un fenómeno de descentralización de la función de la Secretaría de Servicios públicos de protección de los derechos de los usuarios, y esta sería entonces la dependencia responsable tanto de su buen funcionamiento, como de su financiamiento.
La descentralización resulta fundamental puesto que facilita de forma ostensible al ciudadano el ejercicio de sus derechos, evitándole incurrir en costos económicos y temporales, al evitarle el desplazamiento hasta el centro de la ciudad.
En cuanto a la infraestructura, lo más adecuado es el aprovechamiento de las ya existentes Casas de gobierno, en las cuales, como ya se ha dicho, funciona la figura del representante de EEPPM. EN la actualidad se cuenta con una casa de gobierno por corregimiento, sin embargo, la Secretaría de gobierno espera aumentar su número en los próximos 4 años.
Otro proyecto fundamental es el de la creación de TELECENTROS SOSTENIBLES en distintas zonas de la ciudad de estratos 1 y 2, lo cual constituye un elemento fundamental de la agenda de conectividad del municipio de Medellín.
Los Telecentros son salas de acceso comunitario a Internet ubicados en zonas de la ciudad correspondientes a los estratos 1 y 2, que permiten acceder a estas comunidades al servicio de Internet a bajo precio, pero que además deben tener un alto impacto social, mediante la realización de eventos de capacitación e integración de la comunidad.
En la actualidad existen 16 Telecentros en la ciudad de Medellín, cuyo origen son dos iniciativas distintas, por un lado nacieron los Telecentros fruto de la voluntad de la comunidad de destinar su presupuesto participativo para este proyecto. Por otro lado se tienen los "Punto común" , gracias a la donación de Microsoft, la Alcaldía de Medellín y sus Secretarías de Educación y de Desarrollo, y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín y su Fundación.
Sin embargo, 16 Telecentros es aún un número insuficiente para una ciudad con más de 2´000.000 de habitantes, y una agenda de conectividad como la que se ha propuesto la administración municipal desde hace ya casi una década.
No puede en todo caso hablarse de Telecentros a secas, debe hablarse de Telecentros sostenibles, puesto que el principal problema que estas salas de acceso comunitario enfrentan hoy en días es el de la inviabilidad económica que padecen, la cual se traduce en cierres frecuentes de las salas.
Finalmente, debe aludirse al problema de los desconectados, puesto que la desconexión alcanza niveles alarmantes en la ciudad y afecta de forma grave la calidad de vida de los habitantes.
Debe entonces considerarse como una pequeña contribución a la solución del problema, el aumento del porcentaje de los SUBSIDIOS que hoy en día se otorgan a los estratos 1,2 y 3, en los servicios de acueducto y alcantarillado, y debe concederse algún tipo de subsidio en materia de telecomunicaciones.
No debe sin embargo pensarse que el aumento de los subsidios es una solución definitiva al problema de la desconexión. La desconexión responde a situaciones socio-económicas que deben ser identificadas y solucionadas, y el aumento del porcentaje de los subsidios no representa sino un alivio económico.
Redactado por:
Carolina Ariza
Asesora Concejal Esteban Escobar
